Para evitar pacientes de alto costo se necesita más intervención del riesgo

"Pero tenemos varios problemas con algunas presunciones de esta tarea. En primer lugar, una labor así efectuada asume una responsabilidad exclusiva de la empresa y el paciente en su enfermedad, como si estos estuviesen aislados del contexto social actual predominantemente mercantil y consumista que predispone y reproduce la enfermedad – con un estado éticamente vacío, doble y contradictorio que poco o nada hace para la prevención fuerte de las mismas.

Según reportes del Ministerio de Hacienda, el hueco fiscal que tiene el sistema de atención médica rodea los 5 billones de pesos – poniendo en jaque la atención de pacientes, estabilidad laboral de profesionales, pago de deudas en hospitales y clínicas, cierre de servicios, etc. Aunque sus causas son múltiples, un porcentaje (aún indeterminado) tiene que ver con los costos de la atención, particularmente, aquellos de “alto costo”. Por ello surgió el Organismo Cuenta de Alto Costo (CAC):

“El Organismo técnico del sistema de salud, llamado cuenta de Alto Costo fue creado por los Ministerios de Salud y Hacienda, cumplió nueve años y tiene como propósito crear el sistema de información que recolecta a través de registros administrativos el proceso de atención de los pacientes con estas enfermedades en el país.

“Con base en la información se identifican fortalezas y debilidades en el proceso de atención en aseguradores, prestadores, municipios y departamento, se generan unos indicadores y se trabajan en los incentivos de la gestión del riesgo”, indicó Lizbeth Acuña, directora Ejecutiva de la cuenta de Alto Costo”

Su labor es recopilar información certera y verídica de los pacientes de alto costo en Colombia, permitiendo una adecuada evaluación de la forma como las empresas los manejan terapéuticamente. De acuerdo a esto, los recompensan o castigan económicamente en base a sus resultados. A esto se le llama prevención y promoción de la salud.

Pero tenemos varios problemas con algunas presunciones de esta tarea. En primer lugar, una labor así efectuada asume una responsabilidad exclusiva de la empresa y el paciente en su enfermedad, como si estos estuviesen aislados del contexto social actual predominantemente mercantil y consumista que predispone y reproduce la enfermedad – con un estado éticamente vacío, doble y contradictorio que poco o nada hace para la prevención fuerte de las mismas. Es un argumento arbitrario que desconoce los factores y condiciones que causan la enfermedad, generando decisiones erradas y limitantes. Este punto no es en protección de las empresas de salud – sino del paciente.

Por ejemplo - Si los datos, que es la forma técnica a la que se ha reducido la medicina (y que desconoce importantes factores del contexto), muestran que la “gestión del riesgo” es deficiente; se quitan fondos a la empresa. Esto se traduce en menos recursos para el paciente…que viene de mal en peor. Es decir, condenándolo a algo aún peor ¿Tiene esto sentido? ¿Son los pacientes acaso productos desechables que se manipulan de acuerdo a los resultados de las empresas?

En segundo, más allá de la presunción sobre la empresa y el paciente, la idea de que esto es “prevención y promoción de la salud” genera malestar. Así que hacemos una distinción entre dos formas de PyP que consideramos: la débil y la fuerte. La primera nos referimos a todas las intervenciones que sabemos tiene evidencia importante de prevención de la enfermedad: vacunación, hábitos de vida saludable, campañas y leyes anti-tabaco/alcohol/estupefacientes, educación, etc. En otras palabras, las típicas en salud pública. Las segundas, por otro lado, son todos aquellos cambios estructurales significativos, que implican reorganización social en otros sectores como el financiero, laboral, legal o técnico. Entiéndase, por ejemplo, sacar la lógica financiera del sistema de atención - parasitaria de los recursos públicos del país, ya sea por la instauración de empresas con ánimo de lucro o por particulares “aislados”, pero consistentes y persistentes, que saben que pueden buscarse su lucro a expensas de los recursos públicos.

El actuar gobierno hace la primera, pero es bastante obvio que no la segunda. Y, sin la segunda ¿Qué tipo de “intervención de riesgo” realmente se hace? No más que una enclenque e insuficiente.

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