EDITORIAL

Fecha: 
Miércoles, Agosto 19, 2015

Hace ya 6 meses que en Colombia fue sancionada la Ley Estatutaria de Salud… y no ha pasado nada. Los hospitales públicos y privados cierran servicios y los mas afectados cierran sus puertas; muchos temen ir por similar camino. 

 También hace varios meses minsalud dijo que en el país no había crisis de la salud sino crisis financiera. Ahora dice que no, que no es financiera sino administrativa. 

 Los hospitales y clínicas públicos y privados sostienen que las EPS no les pagan y éstas alegan que el Gobierno es el responsable de su desgracia. Y, a pesar de haberse  demostrado que esas costosísimas e ineficientes burocracias no agregan valor al sistema sino que se lo restan apropiándose indebidamente de sus recursos, la solución del Gobierno consiste en lanzarles un super salvavidas. La ayuda se la garantiza, entonces, a quienes creíamos que iba a enjuiciar por haber despojado de dinero al sistema durante años y por haber generado a la población sufrimiento y muertes evitables. Mientras tanto, los hospitales que quieran seguir viviendo deberán apretarse la correa y buscar créditos para cubrir sus deudas. Es como si al ladrón que me robó lo agarran después de que se gastó el botín y en castigo le dan siete años no para que me devuelva lo robado sino para que se recupere y pueda seguir ejerciendo; y a mí, el robado, me prometen un préstamo para que siga viviendo. Conviven la negación delirante de la realidad, con el cinismo y con el absurdo.

Así, el Gobierno niega no solamente la realidad en salud sino la realidad jurídica, pues en nombre del derecho fundamental e invocando la Ley Estatutaria, Minsalud sigue hablando del Plan Obligatorio (POS), cuando dicha ley lo acabó al establecer que las personas serán atendidas según sus necesidades, no según un plan de beneficios.  

Esa realidad jurídica también la niega el Gobierno cuando el Minsalud omite ordenar las medidas administrativas que permitirían ejecutar ya mismo lo que está vigente de la ley desde el momento en que fue sancionada, como es el caso de la Autonomía Médica y el desmonte de los Comités Técnico Científicos (CTC). Con esta inacción nada cambia, pues las EPS alegan que mientras los CTC estén vigentes, no entregarán medicamentos ni autorizarán intervenciones terapéuticas a las personas que las necesiten; así, el Gobierno gana por partida doble, pues no reconoce en la práctica la autonomía profesional y enfrenta a los pacientes contra sus médicos. 

Como si fuera poco, pretende emitir normas que contravienen la Ley Estatutaria, como el “Decreto de Afiliación”, que es en realidad de reafiliación, y ha sido denominado por Minsalud dizque un nuevo contrato social. ¡Ojo! ¡Huele a trampa! Los habitantes de Colombia ya estamos afiliados al fallido Sistema General de Seguridad Social en Salud y no tenemos porqué volvernos a afiliar, pues la Estatutaria eliminó el sistema de afiliación. El contenido de ese proyecto de decreto intenta desconocer el derecho garantizado por la Ley Estatutaria en Salud y despojar lo ya reconocido en la mismísima ley 100 de 1993. Así de regresivo es. Así, cada ciudadano que dé su firma en el formulario de reafiliación, estará aceptando ese “nuevo contrato social” y le dará plenos poderes al Gobierno y a sus protegidas (las EPS) para que hagan el mas inmisericorde ejercicio de inatención y exclusión de la gente con el fin de garantizarles mas lucro. 

 Lo paradójico de todo esto es que la legalidad del país en materia de salud la da la Ley Estatutaria y las acciones del gobierno de un Estado Social de Derecho deben apuntar a su cumplimiento, pero en Colombia no está pasando eso. Y es prudente preguntarse si quien así actúa estará incurriendo en un delito al pretender ignorar la ley. La otra pregunta plausible es: ¿no será que se lanzan estos despropósitos para ganar tiempo y afianzar el modelo de beneficio financiero privado? Seguro calculan que mientras se demandan sus desmanes, los hechos avanzan. 

Por eso hay que estar mas atentos, unidos y activos que nunca. Salirle al paso a esas pretensiones y neutralizarlas desde todos los ángulos, contando siempre y en primera instancia con usar el derecho a la movilización popular, respaldada por el conocimiento y la comprensión de por qué ocurren las cosas y para donde van. 

Eso, precisamente, fue lo que se logró en la pasada Gran Asamblea Médica Nacional el 16 de agosto en la Universidad de Antioquia.

SERGIO ISAZA VILLA

PRESIDENTE